Maltrato Institucional

La Revista de Educación Social (Educación Social y Políticas Sociales) publica un estudio de Jordi Navarro con el que estamos totalmente de acuerdo y que resumimos a continuación aportando al mismo nuestras opiniones.

El Sr.Navarro resume, a su vez, el concepto del Sr. Martínez Roig y Sánchez. Barcelona 1989 que considera maltrato institucional a cualquier legislación, programa, procedimiento o actuación por acción u omisión procedente de los poderes públicos, o bien, derivada de la actuación individual del profesional o funcionariado, que comporte abuso, negligencia, perjuicio de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración, o que vulnere los derechos básicos de las personas.

Podemos decir que el maltrato institucional se produce cuando hay una acción derivada de la actuación individual del profesional o de las mismas normas de la institución, y que impide el mejor desarrollo del sujeto con el que interviene (condiciones de vida, necesidades y derechos). También se produce por omisión cuando, por falta de atenciones por parte de los profesionales o de las mismas instituciones de las que el sujeto depende para su desarrollo, existe cualquier deficiencia sobre sus condiciones de vida, necesidades y derechos.

Si nos fijamos solo en la teoría, podemos pensar que el maltrato institucional es un concepto demasiado teórico y que difícilmente se produce en la práctica, en la realidad profesional cotidiana; pero, por desgracia, a menudo estamos más cerca de este tipo de maltrato de lo que creemos. Solo hace falta que leamos y reflexionemos con atención sobre algunas situaciones que exponemos a continuación:

  • Desigualdad de oportunidades en el trato de los sujetos.
  • Separación de un menor del núcleo familiar sin preocuparse de intervenir con anterioridad.
  • Separación de un menor del núcleo familiar sin cumplir con lo dispuesto en la Ley. Art. 172 de la Ley Civil.
  • Separación de un menor del núcleo familiar sin querer darlo a su familia de acogida.
  • No dar razón de la salud de un niño internado en un orfanato subvencionado. Los funcionarios están obligados a notificar a los padres el estado de salud de su hijo. Ver Art.22 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • Contubernio con otras instituciones como hospitales y orfanatos.
  • Las amenazas encubiertas o patentes por parte de las Directoras, Trabajadoras sociales y demás personal de los orfanatos subvencionados con suprimir las visitas a un hijo.
  • Prohibición por parte de los funcionarios de que el padre que acude a Servicios de Protección del Menor vaya acompañado.
  • No admitir un funcionario a un familiar del usuario para que actúe  como intérprete cuando el padre es extranjero y no domina el idioma español.
  • No cumplir el funcionario los plazos acordados.
  • No responder los funcionarios a lo burofax u otras comunicaciones que se les envíen.
  • Prevaricación de los funcionarios. Como tal prevaricación está penada por el art. 404 . Título XIX. Capítulo I : De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. La prevaricación deberá rectificarse teniendo incluso en cuenta el  el art. 145 de la L.R.J.P.A.C. al tratarse de negligencia grave, sin fundamentos o con fundamentos erróneos o falaces y haciendo caso omiso a evidencias aportadas.
  • Montaje y desmontaje de servicios sin ninguna justificación. Por ejemplo: cambio de la Trabajadora Social o parte del equipo que lleve un caso.
  • Opiniones distintas de distintos funcionarios de las secciones que forman el Servicio de Protección de Menores.
  • Discriminación por razones de sexo, nacionalidad, etnia, religión, etc. lo que va en contra del Art. 14 de la Constitución.
  • No responder a las características singulares y diversas de los sujetos.
  • El poco tiempo para realizar una entrevista adecuada.
  • El negarse repetidamente a recibir con la excusa de que tienen mucho trabajo u otra excusa.
  • La imposibilidad material de desarrollar programas preventivos o de abordaje de situaciones de riesgo.
  • Vulneración de la dignidad de los sujetos (ridiculización, humillación, etc.).
  • Lista de espera o falta de plazas en situaciones de emergencia.
  • Falta manifiesta de preparación de los profesionales o ausencia de selección de personal adecuado, que afecta al buen trato de los sujetos.
  • Niños que huyen de los centros sin que nadie se preocupe.
  • Supervisión inadecuada que repercute en un trabajo de poca calidad.
  • Exceso de trabajo que incide negativamente en la atención adecuada de los sujetos.
  • Programas que no cumplen unos niveles mínimos de calidad.
  • Existencia de recursos escasos para responder a las necesidades.
  • Centros residenciales o de día muy lejanos del medio físico de los sujetos.
  • Inexistencia de planes de trabajo individualizados.
  • Dotación minúscula de determinadas plantillas o profesionales en condiciones laborales precarias que inciden negativamente en los sujetos.
  • Frecuentes cambios de personal en los equipos.
  • Centros que no garantizan los mínimos de seguridad exigidos.
  • Obstaculización y situaciones adversas al progreso personal del sujeto.
  • Cambios frecuentes de estrategias sin sentido y que afectan negativamente a los sujetos.

 

Estamos en una sociedad altamente tecnocrática, pragmática y mercantilista en que los servicios, también sociales, puedan llegar a ser un negocio. Desde esta perspectiva, el sujeto no es tanto una persona con necesidades como un cliente, una persona a la que se necesita para justificar la existencia de los mismos profesionales.

Según McKnight, J. (Barcelona, 1981), esta visión puede producir una serie de efectos incapacitantes:

  • Traducción de la necesidad en deficiencia personal: ver al otro como medio vacío, no como medio lleno.
  • Individualización de la deficiencia: el instrumento define el problema en vez de que el problema defina al instrumento. Las personas son vistas y etiquetadas como problemas y clasificadas en sectores estándar y tipificados de intervención, y crean, muy a menudo, ambientes especiales: marginados, marginadores y asistenciales.
  • Visión compartimentada y segregada de la vida y de los problemas que se traducen en una excesiva especialización de los profesionales a partir de la dificultad de trabajar en red y la necesidad de justificar una intervención multiprofesional y la existencia de determinados profesionales.
  • La capacitación técnica del profesional que se considera particularmente experto en decidir aspectos en los que no se tiene en cuenta la visión particular del sujeto.
  • Todo eso puede provocar que los servicios sociales transmitan los mensajes siguientes a sus clientes:

VISIÓN QUE LOS FUNCIONARIOS TIENEN DEL USUARIO:

  • Usted es deficiente.
  • Usted tiene una serie de problemas.
  • Usted no sabe cuáles son sus problemas.
  • Usted no tiene la capacidad de solucionar sus problemas.
  • Usted no tiene los medios de solucionar sus problemas.
  • Usted cuentan con la oposición de toda la sociedad si quiere solucionar sus problemas por usted mismo.
  • La familia o amigos de usted tampoco tiene la capacidad de ayudarle.
  • Los problemas que usted tiene están perjudicando a toda la sociedad.
  • Usted debe obedecer todo lo que le digamos.
  • Usted debe cumplir la ley vigente que es perfecta y no necesita ningún cambio.
  • Si no se somete a nuestras decisiones saldrá perjudicado.
  • Si usted no está de acuerdo con nuestras resoluciones tendrá que decírselo a un juez, mientras tanto le haremos obedecer lo que nosotros dispongamos.
  • No piense usted que le vamos a responder a sus escritos.
  • No piense usted que le vamos a recibir cuando usted quiera: estaremos ocupados.
  • Usted no podrá soportar los gastos que le causen nuestras decisiones, en abogados, teléfono,falta al trabajo…etc.
  • Usted está en contra a algunas instituciones en las que nos apoyamos y de la que nos servimos, en el caso del Servicio de Protección de Menores, al criticarlas por decir que no trabajan por la caridad sino por el dinero que le proporcionamos por subvenciones con dinero público.
  • Usted sabe que para ir en contra  de nosotros tiene que recurrir a un juez.
  • Usted sabe que nosotros no tenemos prisa, usted se cansará, se aburrirá y nosotros habremos vencido.

 

VISIÓN QUE LOS FUNCIONARIOS TIENEN  DE SI MISMOS:

  • Nosotros somos la solución de sus problemas.
  • Nosotros sabemos la solución de sus problemas.
  • Nosotros somos los que tenemos que resolver sus problemas, no usted.
  • Nosotros les vamos a decir cuales son sus problemas.
  • Nosotros trataremos estos problemas con nuestro lenguaje y a nuestro modo que es el único correcto.
  • Nosotros tenemos los medios para solucionar sus problemas.
  • Nosotros somos en quien la sociedad confía para solucionar sus problemas.
  • Nosotros somos los que cumplimos una ley que es perfecta y no necesita ninguna renovación.
  • Nosotros contamos con el apoyo y el aplauso de toda la sociedad que sabe que nuestro trabajo lo hacemos  su bien y con toda perfección.
  • Nosotros contamos con unos equipos de especialistas y funcionarios altamente cualificados que desarrollan un trabajo del cual usted no está cualificado para dar una opinión.
  • Nosotros contamos con unas instituciones, como puede ser la iglesia en el caso del Servicio de Protección de Menores, en las que nos apoyamos, nos servimos, y que garantizan nuestro trabajo por el crédito que tienen desde hace muchos años aunque ahora trabajen con subvenciones de dinero público que perciben según la cantidad de niños que tengan recluídos.
  • Nosotros somos vamos a proteger a la sociedad de usted mismo.
  • Nuestro funcionariado está perfectamente de acuerdo en todo lo que hace de tal forma que aunque nos equivoquemos nos protegeremos aunque no tengamos razón realicemos mal nuestro trabajo.
  • Nosotros no tenemos que gastar ningún dinero en juicio, tenemos una serie de funcionarios que ante un juez nos darán sus “expertos” veredictos que influirán positivamente a nuestro favor ante un juez.
  • Nosotros esperaremos hasta que su caso se solucione según nuestras resoluciones, no tenemos ninguna prisa.

Debemos ser muy conscientes de estos peligros para evitarlos y garantizar plenamente el derecho de los usuarios y no caer así en el maltrato institucional, porque, como apunta S. Barriga (1986) refiriéndose al profesional de la intervención social:

“Su labor exitosa concluye con la desaparición profesional. Es decir que su tarea debe ser considerada como provisional y supletoria de la autocapacitación del ciudadano para tomar las riendas de su destino, adoptando estilos de comportamiento saludables y solidarios”.

Una de las dificultades más importantes con relación al maltrato institucional es el hecho de que muchos profesionales viven estos déficits como algo normal, como un hecho cotidiano, y no se les otorga el valor que realmente tienen. Sin embargo, nosotros no podemos aceptar el conformismo en estas situaciones y si, a pesar de los mecanismos de prevención de los que acabamos de hablar, el maltrato institucional no se puede evitar, tenemos que implicarnos. No podemos mostrarnos pasivos, ya que también formaremos parte de este maltrato de forma encubierta (por omisión), estaremos llevando a cabo maltrato institucional y nos convertiremos en maltratadores de una forma u otra, evidentemente con diferentes grados de responsabilidad.

No se trata de angustiarnos, de dejar de trabajar o de sentirnos impotentes, se trata de informar adecuadamente a las instituciones para sensibilizarlas, hacer comentarios con los compañeros sin miedo, hacer patentes y públicas las anomalías a las entidades responsables desde la institución en la que trabajamos (reuniones, informes, memorias, etc.). Y si la importancia lo justifica y lo merece, tenemos que buscar los canales para que estos hechos trasciendan en el día a día, a través de estamentos como el mismo colegio profesional (tendría que dotarse de mecanismos para hacer frente a este tipo de maltrato), otros colectivos ciudadanos o informando a la opinión pública, pero evitando sensacionalismos que no ayudarán a resolver el problema.

 

Es en estos momentos cuando el educador social ha de ser consciente y hacer frente a situaciones en las que ha de abandonar su propio papel integrador y asumir como trabajo propio la protesta con propuesta (Pacheco, 1996) o la protesta fundamentada (Renes, 1988). Eso es, la denuncia acompañada de soluciones.

El realismo en la práctica del educador y de la educadora social se ha de entender como una búsqueda continua de alternativas y de soluciones reales, pero nunca como una aceptación ciega o resignación, y menos ante la detección y la práctica de un maltrato institucional. En este sentido, cualquier tipo de explotación, especialmente aquellas que la sociedad tradicionalmente ha considerado como “males menores” y que en mayor o menor grado ha permitido, es un área ante la cual ningún profesional debe quedarse callado.

¿Cómo actuar en defensa de los sujetos cuando somos conscientes de la existencia de un maltrato institucional? Incluso si la situación nos obliga, deberemos oponernos a la institución y tener claro que esta oposición es legítima y éticamente exigible; aún así, no tenemos que precipitarnos, actuar a la ligera o sin reflexionar. Hay algunas pistas que nos pueden orientar a la hora de discernir si la oposición a la institución o la denuncia pública son una buena herramienta.

  • Cuando la causa va ligada a la vulneración de principios profesionales fundamentales (dignidad de la persona, confidencialidad, intimidad, no-discriminación, etc.).
  • Cuando es el último recurso posible -después de haberlo intentado todo.
  • Cuando tenemos razonables expectativas de éxito.
  • Cuando tenemos claro que los beneficios han de ser más grandes que los perjuicios.
  • Y cuando, finalmente, tenemos claro que hay una proporcionalidad entre los medios utilizados y los fines que se previenen, y que no se utiliza con ningún otro tipo de finalidad que evitar este maltrato institucional.

Evidentemente, no hay que ser ingenuos: tenemos que ser conscientes de los riesgos profesionales y sociales que se asumen haciendo esto y tenemos que ser responsables de las consecuencias previstas e imprevistas que se deriven de nuestra actuación.

Una última reflexión. ¿Responde la Fiscalía con eficacia y agilidad en el abordaje de estos maltratos? ¿Existen antecedentes de actuación en el Ministerio Fiscal ante este tipo de maltratos? Quizás fuera necesario y conveniente que incluso hubiera una intervención de la justicia en todos estos temas que siempre partiera de una denuncia que habría que demostrar y fundamentar con pruebas y, esto, pasa muy pocas veces.

Puede ser que algún día lleguemos a ver una cosa parecida a la que existe en Puerto Rico, donde existe una Unidad de Maltrato Institucional que investiga y procesa criminalmente a cualquier persona adulta, trabajadora del Estado, a la cual se le impute la comisión de abuso físico, emocional, sexual y/o negligencia u omisión del cumplimiento de su deber. De todas maneras, antes de llegar hasta este punto, simplemente, trabajaremos para evitar el maltrato institucional. Unamos nuestros esfuerzos.

Los comentarios están cerrados.